Capítulo I.La potestad sancionatoria de la Administración ; Capitulo II.Noción, naturaleza y alcance constitucional del derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas sancionatorias. ; Capitulo III.Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) ;Capitulo IV.Análisis del procedimiento administrativo sancionatorio (PAS) en el CPACA ; Capitulo V. Aspectos prácticos del procedimiento administrativo sancionatorio: inconstitucionalidad de la sanción en materia ambiental de cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio

El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), reguló y organizó por primera vez y de manera general un Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS), con el propósito de llenar un vacío normativo que había generado ineficiencia e inseguridad jurídica en el ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria.

El CPACA desarrolla las garantías constitucionales del debido proceso para las actuaciones administrativas sancionatorias, con lo cual se sientan las bases de un procedimiento sujeto a principios y reglas propios, sin la tutela del derecho penal.

Sin perjuicio del mencionado avance, la presente obra analizará el PAS de modo preciso y sucinto, a la luz de la Constitución y, en particular, frente al derecho al debido proceso, con el fin de construir una nueva visión jurídica sobre el particular y dilucidar, entre otros, algunos problemas jurídicos: ¿las garantías del debido proceso que establece el PAS son suficientes frente a las exigencias constitucionales? ¿Qué aspectos del procedimiento general del CPACA son aplicables al PAS? Frente a la vigencia de numerosas normas especiales que regulan procedimientos sancionatorios, ¿cómo se aplica el PAS? ¿El considerable incremento en el monto de las sanciones administrativas transgrede el principio de proporcionalidad?

El manual contiene preguntas y respuestas clave a título de guía práctica para facilitar a las autoridades la adopción de una decisión válida y, en el caso de los ciudadanos sujetos a una actuación sancionatoria, defender con efectividad sus derechos en sede administrativa.