Tomo I ; Pactos estructurales ; I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia ; II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos ; III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados ; Pactos transversales IV. pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo ; V. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro ; VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional ; VII. Pacto por la transformación digital de colombia: gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento ; VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos ; IX. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades ; X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja ; XI. Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas ; Tomo II XII. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, Palenqueros y RROM ; XIII. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad ; XIV. Pacto de equidad para las mujeres ; XV. Pacto por una gestión pública efectiva ; XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones ; Pactos por la productividad y la equidad de las regiones ; XVII. Pacto región pacífico: diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible ; XVIII. Pacto región caribe: una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad ; XIX. Pacto seaflower region: por una región próspera, segura y sostenible

La legalidad, base del emprendimiento y la equidad, es fruto de la relación esencial e indisoluble entre seguridad y justicia: seguridad para proteger a los ciudadanos y a la sociedad, justicia para conseguir la convivencia en el marco de un Estado democrático. El Pacto por la legalidad se basa en la consolidación del Estado de Derecho, para garantizar la protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio de la ley por medio de una justicia eficaz, eficiente y efectiva. Así mismo, pone la lucha contra la corrupción en el centro de la agenda, para recuperar la legitimidad de lo público y la confianza entre el Estado y los ciudadanos.
Desde la perspectiva de derechos, la seguridad es un componente del régimen democrático en la medida en que es condición del ejercicio de la oposición política y de los derechos a la participación ciudadana. El fortalecimiento de la justicia busca garantizar que los ciudadanos cuenten con los mecanismos institucionales para salvaguardar sus derechos y que los conflictos sean tramitados por vías institucionales, con una administración de justicia imparcial y sometida únicamente a la Constitución.

Este pacto presenta un nuevo abordaje de la seguridad, desde una perspectiva amplia, que materializa el paso del control militar y policial a un control institucional de los territorios, que enfrenta la criminalidad y las economías ilegales y que asegura la presencia del Estado en toda la nación, en particular, en aquellos territorios vacíos de institucionalidad. Lo anterior permitirá afianzar la legitimidad democrática de las instituciones, la garantía y respeto de los derechos humanos, y la promoción de cambios estructurales en los territorios a través de un desarrollo con equidad y crecimiento económico. Por lo anterior, la acción estatal sustentada en la legalidad no puede renunciar a la responsabilidad constitucional asignada a las instituciones en general y, en particular, a las Fuerzas Militares y de Policía de garantizar en todo momento y lugar la vida, honra, bienes y creencias de todos los habitantes de Colombia. En virtud de esto, las situaciones que impliquen suspender esta obligación deben revisarse a la luz de estos preceptos. Así, un proceso que conduzca a la disolución de un grupo armado organizado al margen de la ley se condicionará a la concentración de individuos en armas en espacios geográficos delimitados, con observación
internacional y garantizando el fin de toda actividad criminal. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Ley 418 de 1997 y sus prórrogas. De igual manera, la continuación de actos terroristas imposibilitará cualquier opción de emplear dicha herramienta legal.