Capítulo I. La revocación directa de los actos administrativos ; Capítulo II. Los tipos de revocatoria ; Capítulo III. Los actos administrativos ; 3.1 Naturaleza de los actos administrativos ; 3.2 Actos creadores de situaciones jurídicas objetivas o subjetivas ; 3.3 Clases de actos administrativos ; Capítulo IV. Características de la revocación directa de los actos administrativos ; Capítulo V. Procedencia de la revocatoria ; 5.1 La actividad e inactividad de la administración pública ; 5.2 La naturaleza de los actos administrativos ; 5.3 La presunción de legalidad de los actos administrativos ; Capítulo VI. El silencio administrativo y el daño antijurídico ; 6.1 ¿El silencio administrativo constituye o no acto administrativo? ; 6.2 El fundamento del silencio administrativo ; 6.3 Un silencio administrativo positivo excepcional ; 6.4 El automatismo del silencio y el acto administrativo inexistente ; 6.5 El daño antijurídico en el CPACA ; 6.5.1 El daño antijurídico de la administración ; 6.5.2 El daño antijurídico en la jurisprudencia ; 6.6 La invalidez del silencio administrativo ; 6.6.1 La teoría de la invalidez del silencio administrativo ; 6.6.2 El silencio administrativo y la acción de tutela ; Capítulo VII. Los casos de revocación directa de los actos administrativos ; 7.1 La revocación directa de los actos administrativos de carácter particular ; 7.2 La revocatoria de derechos adquiridos y actuación administrativa ; 7.3 La oferta de revocatoria directa de los actos administrativos y la conciliación administrativa ; Capítulo VIII. La gerencia pública como estrategia de protección del erario público ; 8.1 La situación actual ; 8.2 La nueva gerencia pública ; Capítulo IX. Conclusión ; Capítulo X. Formato de revocación directa ; XI. Bibliografía.

Al abordar el tema de la revocación directa de los actos administrativos me encuentro, prima facie con la existencia de un principio universal: la facultad de la Administración para derogar, en principio, sus propios actos administrativos, sin más límites que aquellos que hubiere impuesto el legislador. En este sentido, el estudioso del tema puede calificar la institución de la revocación directa como una singular potestad administrativa.

Esta facultad es al mismo tiempo tanto singular como excepcional. Singular en cuanto solo la Administración está revestida por el legislador para proceder a derogar o revocar su propia voluntad expresada mediante expedición de un acto administrativo; excepcional en la medida en que nada más le es posible proceder de esa manera si concurre uno cualquiera de los requisitos señalados por el órgano legislativo.