Primera parte. Concepto de criminología ; Origen y desarrollo ; Criminología (objeto de la criminología) ; Política criminal ; Segunda parte: Tendencias contemporáneas en criminología ; Movimientos que deslegitiman el sistema penal ; Movimientos que legitiman el sistema penal ; Tercera parte : política y sistema penal ; Estado absolutista ; Autoritarismo ; Estado liberal ; Estado social de derecho ; Estado social y democrático de derecho ; Cuarta parte: los derechos humanos ; concepto ; clasificación ; Principales instrumentos ; Conclusiones ; Quinta parte: El sistema penal colombiano (El SER). ; Creación o formación de la ley penal ; Aplicación de la ley penal ; ejecución de la ley penal ; Sexta parte: El sistema penal colombiano (el deber ser) ; Presupuesto ; Creación o formación de la ley penal ; Aplicación de la ley penal ; Ejecución de la ley penal

En la primera parte es presentado y analizado el concepto de criminología. En ella son observados el origen de la criminalidad y de la criminalización, sus formas, el alcance de la voz criminalidad, las tentativas de explicación de la criminalidad-criminalización, y el objetivo o finalidad de la criminología, es decir, la política criminal.

La segunda parte se refiere a los movimientos que en nuestros días predominan en el debate criminológico: de un lado, aquellos que pretenden el mantenimiento y la ampliación del sistema penal; y del otro, aquellos que buscan su disminución y hasta su destrucción. En relación con cada uno de ellos, acudimos a los ejemplos o su movimientos más significativos.

La tercera parte quiere insistir en algo que compartimos con la mayoría de los estudiosos y que diariamente se confirma, cada vez más: la imprescindible vinculación entre el sistema penal y una definición política. Y se ratifica no tanto porque se vea y se sienta el uso del sistema en pro de una ideología sino, especialmente, porque la filosofía plasmada en Constituciones y Códigos -en estos, sólo en forma parcial-sigue siendo desmoronada vertiginosamente por el poder político. Continúa ocurriendo aquello demostrado ya hace bastante tiempo: en Colombia -¡y es lamentable!- Constitucionalmente tenemos un enorme y querido Estado Social y Democrático de Derecho. En la práctica, sin embargo, ¡poco o nada de el! Naturalmente, no basta con reconocer la afirmación. Imponerse probarla, para proporcionar soluciones alternativas, concretamente -¡cuán paradójico!- aquellas que emanan, justamente, de la propia Constitución Nacional.