Incluye referencias bibliográficas

1. Jurisdicción y admisibilidad. -- 2. Cooperación y auxilio judicial. -- 3. Crímenes de guerra. -- Epílogo: Ámbito de actuación del derecho penal como instrumento de respuesta al fenómeno de terrorismo internacional y papel de la Corte Penal Internacional y de las Jurisdicciones nacionales en su persecución

Después de más de cien años desde que por primera vez fuera propuesta en 1872 por Gustav Moynier, el 17 de julio de 1998 se aprueba en la Conferencia diplomática de Roma la creación de una Corte Penal internacional con jurisdicción sobre los delitos más graves para la comunidad internacional. Hoy, siete años después de su entrada en vigor el 1º de julio de 2002 y en vísperas de la primera Conferencia de revisión del Estatuto de Roma, la Corte Penal internacional constituye un pilar básico en el sistema de justicia internacional, cuyas actuaciones, tal y como se ha podido observar con la reciente emisión de una orden de arresto contra el jefe de Estado en ejercicio de la República del Sudan, tienen un impacto global. En este contexto, el año 2009 tiene una importancia especial para la Corte Penal internacional y para Colombia en cuanto que, trascurrido el periodo transitorio de siete años, la Corte asumirá competencias sobre los crímenes de guerra que se cometan en el territorio de Colombia a partir del 1 de noviembre de 2009. Por esta razón, la presente obra ha seleccionado entre los numerosos ensayos escritos por el Dr. Héctor Olásolo Alonso, catedrático de derecho penal internacional de la Universidad de Utrecht y letrado de la Corte Penal internacional, aquellos relativos al alcance de la jurisdicción de la Corte, a su relación con aquellas jurisdicciones nacionales objeto de procesos de transición, a los numerosos interrogantes que plantea el sistema de cooperación de las jurisdicciones nacionales con la Corte y a la definición de los crímenes de guerra en el Estatuto de Roma. La obra concluye con un epílogo de carácter más amplio sobre el fenómeno del terrorismo internacional y la función que han de jugar las jurisdicciones nacionales y la Corte Penal internacional en respuesta al mismo