Incluye bibliografías.

I. De la problemática definición legal a la facíl caracterización del contrato de interventoria; II. El interventor, un particular que responde que ejerce función pública; III. Una propuesta crítica; IV. Tabla de jurisprudencia; V. Tabla de evolución legislación

El estudio de la tercerización del control de la actividad contractual del Estado a través del análisis del contrato de interventoría, se justifica por la necesidad de medir los efectos que, en la práctica, ha tenido la voluntad del Estado de pretender disfrazar su incapacidad para controlar su propia actividad contractual, trasladando toda la responsabilidad por el control de la misma a los particulares y funcionarios que contrato por contrato deben realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Una situación que se ha visto reflejada en las múltiples sanciones de que están siendo objeto los particulares contratistas, pero también, en el impacto negativo que sobre la eficiencia de la actividad contractual de la administración pública han tenido las normas establecidas en el estatuto anticorrupción -Ley 1474 de 2011- y que hoy ya podemos identificar