Incluye bibliografía

Introducción: La concepción legal de la justicia cautelar en lo contencioso administrativo ; 1. La acción por daños. El contenido legal básico: las regulaciones de 1956 y 198 ; 2. Los elementos esenciales de la pretensión procesal en la acción por daños ; 3. Los pronunciamientos de nuestra jurisprudencia sobre el proceso especial administrativo por daños ; 4. Notas sobre los orígenes del derecho administrativo y la justicia cautelar ; 5. Los régimenes cautelares de la justicia administrativa en algunos países de europa

Las medidas cautelares impuestas por un órgano jurisdiccional constituyen una de las escasas posibilidades de protección inmediata, de cualquier ciudadano, frente a las presuntas actuaciones abusivas de las Administraciones Publicas, actuaciones que, recordemos, gozan del exorbitante privilegio de la ejecutividad. La complejidad de la sociedad moderna y de las estructuras administrativas, justifican plenamente y han agudizado hoy la necesidad de una Justicia cautelar plenamente imparcial y eficiente, tal y como se reconoce en la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos que, legítimamente, podemos calificar de Estados de Derecho. Este trabajo monográfico, como destaca en su Prologo el Profesor González Pérez, «viene a cubrir una laguna de nuestra bibliografía» de Derecho Administrativo. Contiene una reflexión crítica, desde la perspectiva de la sociedad contemporánea, sobre la solución legislativa que se dio en 1956 a la eventual reparación de los daños y perjuicios derivados de medidas cautelares impuestas por resoluciones judiciales que, posteriormente, por cualquier causa, decaen o se revocan. La disposición legal que se introduce por la Ley Jurisdiccional de 1956, se ha mantenido íntegramente, de forma sorprendente, en el artículo 133.3 de la nueva Ley Jurisdiccional de 1998. La norma, como razona el autor, puede estimarse de más que incierta legalidad, al cargar, de forma exclusiva, sobre el solicitante ante los Tribunales de las medidas cautelares (que además es la presunta víctima de una ilegalidad administrativa), la reparación de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de las cautelas jurisdiccionales acordadas. La aplicación jurisdiccional de la norma no ha producido los deseables ajustes fundados en los principios constitucionales básicos o de la simple equidad, manteniéndose, sin critica alguna, la literalidad de la disposición, hoy aún plenamente vigente