Incluye referencias bibliográficas a pie de página

Justicia y Paz han sido los anhelos más altos de todas las sociedades modernas. La sociedad colombiana, desde su génesis, ha tenido que afrontar un sinnúmero de conflictos con claro origen político, razón por la cual la construcción de la forma de Estado que hoy sostenemos no ha sido pacífica y, por lo mismo, pende sobre los asociados un anhelo de efectiva y pronta justicia en la resolución de los conflictos de toda índole. Un conflicto armado de vieja data generó en nuestra sociedad el convencimiento de que su erradicación sólo podría adelantarse por titanes, por esos seres mitológicos, gigantes poseedores de fuerza descomunal y voluntad inquebrantable. Pero la realidad incontrastable, el dolor y la desazón de muchos colombianos, obtuvo una solución adecuada a un Estado social y democrático de derecho, enmarcada en un espacio temporal que impone el compromiso de todas las personas del común, para alcanzar los fines de su asociación. Esta fórmula de solución al conflicto armado, como expresión de la voluntad popular radicada en el poder legislativo, establece el compromiso de perpetradores, víctimas, investigadores y jueces para lograr los fines de reincorporación a la vida civil y garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación, posicionando en medio de El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Público estos protagonistas al Ministerio Público, para cumplir con la función primordial de representar a la sociedad mediando el cumplimiento de los postulados constitucionales de garantía de los derechos fundamentales, defensa del orden jurídico y del patrimonio público