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Las interceptaciones telefónicas en el proceso penal colombiano actualizado Ley 1453 de 2011 Mario Fernando Jaramillo Chavarría

Por: Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá Libreria Jurídica Sanchez R. 2012Edición: 1a edDescripción: 145 p. 21 cmISBN:
  • 9789588336978
  • 9588336978
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 345.052 J171i 20
Contenidos:
1. Marco constitucional ; 2. La interceptación de las comunicaciones ; 3. Línea jurisprudencial ; 4. Requisitos para las interceptaciones telefónicas ; 5. Reconocimiento del derecho a la privacidad y al secreto a las comunicaciones en el derecho internacional ; 6. Conclusiones
Revisión: Debido al veloz avance de las telecomunicaciones, el tema de las Interceptaciones Telefónicas Ilegales es de gran actualidad, no solo en Colombia si no internacionalmente; ello conlleva a que sea importante revisar las condiciones en las cuales, en el marco constitucional colombiano estas son legítimas como Acto Investigativo restrictivo de Derechos Fundamentales, el cual en sí, es una medida instrumental que presupone la injerencia en el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones, que requiere de orden judicial y por excepción constitucional puede ordenarse por el fiscal, frente al indiciado o el imputado, con el fin de captar el contenido de sus conversaciones, con fines concretos de investigación y la obtención de elementos materiales probatorios que den cuenta de la comisión de un delito o de sus presuntos autores o partícipes, a fin de ser llevados al proceso penal e introducirlos al juicio como prueba. En el proceso penal, no es factible para operador jurídico establecer la verdad a cualquier precio, no todo es lícito o permitido en los actos de investigación. Situación que invita a un cuestionamiento académico con miras a tener claridad sobre la normatividad aplicable y la posición jurisprudencial vigente en Colombia, con respecto a las interceptaciones telefónicas, con miras a resolver el conflicto de intereses subyacente en el proceso penal: el interés público que busca y exige ante todo el descubrimiento de la verdad; y el interés privado que procura la defensa y la libertad del justiciable
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Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura topográfica Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libro Colección General Central Bogotá Sala General Colección General 345.052 J171i (Navegar estantería(Abre debajo)) 1 Disponible 0000000126723

Incluye bibliografía

1. Marco constitucional ; 2. La interceptación de las comunicaciones ; 3. Línea jurisprudencial ; 4. Requisitos para las interceptaciones telefónicas ; 5. Reconocimiento del derecho a la privacidad y al secreto a las comunicaciones en el derecho internacional ; 6. Conclusiones

Debido al veloz avance de las telecomunicaciones, el tema de las Interceptaciones Telefónicas Ilegales es de gran actualidad, no solo en Colombia si no internacionalmente; ello conlleva a que sea importante revisar las condiciones en las cuales, en el marco constitucional colombiano estas son legítimas como Acto Investigativo restrictivo de Derechos Fundamentales, el cual en sí, es una medida instrumental que presupone la injerencia en el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones, que requiere de orden judicial y por excepción constitucional puede ordenarse por el fiscal, frente al indiciado o el imputado, con el fin de captar el contenido de sus conversaciones, con fines concretos de investigación y la obtención de elementos materiales probatorios que den cuenta de la comisión de un delito o de sus presuntos autores o partícipes, a fin de ser llevados al proceso penal e introducirlos al juicio como prueba.
En el proceso penal, no es factible para operador jurídico establecer la verdad a cualquier precio, no todo es lícito o permitido en los actos de investigación.
Situación que invita a un cuestionamiento académico con miras a tener claridad sobre la normatividad aplicable y la posición jurisprudencial vigente en Colombia, con respecto a las interceptaciones telefónicas, con miras a resolver el conflicto de intereses subyacente en el proceso penal: el interés público que busca y exige ante todo el descubrimiento de la verdad; y el interés privado que procura la defensa y la libertad del justiciable

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