Incluye referencias bibliográficas

1. Configuración regional: la Orinoquía una región en construcción ; 2. Institucionalidad, para institucionalidad y crisis de gobernabilidad ; 3.Mapiripán: crisis humanitaria ; 4. La justicia cojea pero llega síntesis de las actuaciones judiciales adelantadas por la administración de justicia en esta masacre ; 5. Las víctimas de la masacre y el proceso de reparación integral ; 6. Contrainsurgencia y paramilitarismo una política de estado ; 7. Impactos regionales de la globalización: cultura política y tensiones territoriales en los llanos del Orinoco ; 8. Acompañantes secretos el pentágono guarda el secreto de sus presencia en Mapiripán ; 10. Conclusiones generales de la investigación

Anx.1 : CD-ROM contiene fotografías, mapas y documentos en PDF con folios de Mapiripán

Ha sido la muerte, el miedo y la desolación lo que ha rodeado a los familiares de las víctimas de la masacre de Mapiripán en el transcurso de estos 9 años de lucha. Este caso es una muestra de lo que viven las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Colombia, contar su historia es una forma de reconocer su dolor, su vida, es hacer memoria de lo que vive el pueblo, es seguir defendiendo sus derechos porque ellas seguirán luchando contra la impunidad que reina a este país, creyendo siempre en que otro mundo es posible, es por eso que su llanto se ha convertido en esperanza. “La Masacre de Mapiripán” es el nombre con que se conocen los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio Mapiripán del departamento del Meta, Colombia, que costó la vida de un número no determinado de ciudadanos en manos de grupos paramilitares provenientes de diferentes partes del país. Según declaró ante la justicia Salvatore Mancuso, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia hoy desmovilizado y sometido a un proceso de paz, los grupos paramilitares habrían sido favorecidos por la complicidad del ejército, la policía, algunos habitantes y funcionarios públicos y de asesores norteamericanos en el área. El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por colaboración entre miembros del Ejército colombiano y los paramilitares en la masacre