Incluye referencias bibliográficas

Control de convencionalidad ; Los desafíos del control de convencionalidad para los tribunales nacionales, en especial para los tribunales constitucionales ; El control de convencionalidad: una tarea pendiente en el derecho panameño ; Pruebas ilícitas ; En defensa de la regla de exclusión ; Pruebas ilícitas e ilegales a raíz de la Operación Fénix: ¿Desligitimación de la regla constitucional de exclusión? ; Los computadores de "Raúl Reyes" y el debido proceso en Colombia ; Operación Fénix: pruebas ilegales e ilícitas: una mirada desde los derechos humanos ; Mediación y MASC ; La mediación en los procesos constitucionales ; Acceso a la administración y MASC ; Consideraciones sobre el sistema de administración de justicia en Colombia ; Hacia el fortalecimiento de la administración de justicia ; La reforma de la justicia: una agenda política eclipsada por el reparto del poder ; La solidaridad en la responsabilidad fiscal: Una ¿Una violación flagrante del debido proceso sustantivo?

A finales del año 2008, un grupo de reconocidos profesiones del Derecho, después de un trabajo de análisis sobre los avances y la expansión en los campos de la investigación, la docencia y la jurisprudencia del Derecho Procesal Constitucional, tuvieron a bien, desarrollar la idea de crear un Ente especializado que se dedicara a profundizar en el estudio, la investigación y la promoción de dicha disciplina jurídica, en Colombia, y que tuviera repercusión con los movimientos académicos del mismo orden en Iberoamérica; fue así, como se construyó el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. En el presente trabajo se analizará el constante desarrollo del Derecho Procesal Constitucional en Latinoamérica, lo que genera varios desafíos, entre ellos: la importancia de perfilar las fronteras de su objeto de estudio; la necesidad de diseñar fórmulas de sistematización de su contenido que le permitan una coexistencia armónica con el Derecho Procesal y el Derecho Constitucional; el debate sobre su autonomía científica; la discusión sobre si es o no necesaria la codificación de la materia procesal constitucional; y por último, pero no menos importante, la relevancia de afrontar nuevos o reciclados temas puntuales de gran relieve teórico y práctico, que en los albores del Siglo XXI encuadran en el radio de acción de su incumbencia específica y se convierten en importantes retos para los jueces constitucionales