El nuevo régimen de los servicios públicos ha sido blanco de diferentes sectores, en especial de algunos políticos quienes arguyen que las altas tarifas infringen los derechos humanos debido a que reducen la capacidad de adquisitiva y el nivel de vida de las clases más desprotegidas, desatendiendo así no solo el mandato constitucional, sino también la obligación de la progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), motivo por el cual pretenden eliminar por ley el Cargo fijo sin tener en cuenta los grandes efectos que medidas como esta causaría sobre el sector y la comunidad, Este loable propósito de reducir las tarifas de los servicios públicos se puede lograr ajustando algunos factores que distorsionan la estructura sin poner riesgo a la estabilidad del sector no los logros alcanzados bajo este nuevo régimen.