-- Capitulo I: El Derecho de petición como Derecho Fundamental. -- Capítulo II: ¿En qué consiste el Derecho de petición?. -- Capítulo III: Dinámica del Derecho de petición. Capítulo IV: Regímenes especiales.-- Capítulo V: Planteamiento constitucional y visión latinoamericana y caribeña. -- Capítulo VI: Aproximación al objeto del Derecho de petición.-- Capítulo VII: Ejercicio del Derecho de petición. -- Capítulo VIII: Regímenes especiales.

El objetivo primordial de la Tesis consiste en analizar el derecho de petición en los ordenamientos jurídicos vigentes de España y Venezuela. Los objetivos específicos, para ambos países, consisten en: (i) determinar el régimen jurídico-constitucional del derecho de petición; (ii) precisar el objeto del mencionado derecho; (iii) expresar quienes pueden ser titulares y destinatarios del mismo; (iv) analizar el procedimiento que a tales efectos se debe seguir; y (v) determinar la protección jurisdiccional que tiene. Para el caso concreto de Venezuela, hay que advertir que si bien la jurisprudencia demuestra que este derecho es invocado con frecuencia ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa y constitucional, sin embargo, en ocasiones se hace de forma errada o confundiéndolo con otras instituciones jurídicas, lo que priva a un supuesto concreto de una tramitación adecuada. De allí que la investigación persiga realizar un aporte sobre el contenido de un derecho humano, que forma parte del Estatuto jurídico de las personas en sus relaciones con el poder público. Tales objetivos se desarrollan a partir de la hipótesis, de que el derecho de petición, por ser un derecho fundamental, conserva una perspectiva constitucional, pero a la vez, es un derecho dministrativo, al ejercerse principalmente ante administraciones públicas, por lo que está sujeto al ámbito del Derecho Administrativo. En efecto, por tratarse de un derecho fundamental previsto en la Constitución, es aplicable al mismo el Derecho Constitucional, pero a la vez, por realizarse ante los órganos del Estado, sobre todo ante las administraciones públicas, se informa del Derecho Administrativo.