Reflexiones críticas sobre la protección de los consumidores en el derecho español. -- La protección de los consumidores, la constitución española y el derecho mercantil. -- La protección de los consumidores en el derecho español. -- La defensa contractual del consumidor y el reparto de competencias entre el estado y las comunidades autónomas en la doctrina del tribunal constitucional. -- Ámbito de aplicación y derechos de los consumidores en la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. -- La protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores. -- Modalidades especiales de venta y protección de los consumidores. -- La defensa contractual del consumidor o usuario en la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. -- La responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del consumo de bienes y servicios. -- La responsabilidad de constructor o promotor de viviendas en la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. -- La responsabilidad de los fabricantes en la directiva de las comunidades europeas de 25 de julio de 1985. -- La protección jurídica del inversor en valores mobiliarios.

La protección del consumidor es un principio general de nuestro ordenamiento jurídico constitucionalmente reconocido. Al mismo tiempo es objetivo principal dentro de la política social de la comunidad europea, estrechamente ligado a la consecución de la libre circulación de bienes dentro del mercado comunitario. La protección del consumidor se erige pues en punto de referencia obligado a la hora de considerar la construcción de un estado social de derecho en España y el afianzamiento de la Europa de los ciudadanos. Los estudios contenidos en el presente libro contribuyen al enriquecimiento de las cuestiones que suscita la práctica y en la teoría la implantación de esa protección del consumidor en nuestro país, coincidiendo con el movimiento clave en el que concurren diversas circunstancias especialmente significativas y condicionantes de aquélla: la aplicación de nuestra ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, la adecuación de nuestro ordenamiento al derecho comunitario y la puesta en marcha del estado de las autonomías