Derecho penal de la construcción aspectos urbanáisticos, inmobiliarios y de seguridad en el trabajo coordinadora Laura Pozuelo Pérez ; Jacobo Dopico Gómez-Aller, María Martín Lorenzo, Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno
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- 9788498369786
- 343.078624 D664d 23
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Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 343.078624 D664d (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000127072 |
Incluye bibliografía
Primera parte: la delincuencia urbanística ; I. Introducción ; II. Cuestiones generales acerca de la intervención del derecho penal en el ámbito de la construcción ; III. El derecho penal como respuesta a la delincuencia. Análisis de las concretas figuras penales ; Segunda parte: los delitos de estafa en el tráfico inmobiliario ; I. Estafa propia: tipo objetivo ; II. Estafa propia: tipo subjetivo ;
III. Agravaciones especiales del art. 250.1.1.º en relación con las estafas inmobiliarias ; IV. En concreto: fraudes de anticipos ; V. Fraudes inmobiliarios del Art. 251 ; VI. Desalojos fraudulentos y acoso inmobiliario ; VII. Cuestiones concursales ; Tercera parte, A. Delitos contra la seguridad
de los trabajadores en el ámbito de la construcción ; I. Aspectos introductorios ; II. La estructura típica del Art. 316 CP ; III. Posibles responsables: el caso de la construcción ; IV. El tipo imprudente: Art. 317 CP ; V. Relaciones concursales ; B. Del riesgo al resultado:
homicidios y lesiones imprudentes en la construcción ; I. Introducción ; II. Conceptos básicos. Causalidad e imputación objetiva ; III. Conducta típica. La imprudencia de los sujetos que intervienen en la construcción ; IV. La imputación del resultado y el argumento de la «culpa del trabajador» ; Cuarta parte: aproximación al sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas ; 1. Introducción ; 2. Rasgos fundamentales de este nuevo modelo ; 3. El art. 31 bis ; 4. Sólo hay responsabilidad penal de las personas jurídicas para un catálogo cerrado de delitos ; 5. Penas imponibles ; 6. Régimen de extinción de la responsabilidad penal de la persona jurídica y excepciones ; 7. Entidades sin personalidad jurídica
La Constitución española establece, en su artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.»
Según el Informe Global de la Corrupción 2005 de Transparency International, «ningún otro sector tiene la corrupción tan arraigada como el sector de la construcción», pudiendo cifrarse en 4 billones de dólares anuales el dinero destinado a compras gubernamentales en todo el mundo . El Informe Global de la Corrupción de Transparency International-España correspondiente a 2006 realiza un análisis de la corrupción en el ámbito local, en relación con el urbanismo y la especulación, que señala que «en términos globales, el ámbito donde la corrupción es más elevada en España es el del nivel local de gobierno», al que considera un «foco de corrupción permanente» . Por su parte, el Informe Global 2007 sobre la Corrupción en España, también emitido por Transparency International, comienza con la afirmación de que «la multiplicación de escándalos vinculados a la denominada «corrupción urbanística» está reforzando la imagen «cínica» de la ciudadanía española sobre nuestros gobernantes y contribuyendo a deslegitimar las instituciones democráticas» .
Especialmente incisivo resulta el Informe Global de la Corrupción de 2008 que señala: «La corrupción urbanística produce muy diversos efectos en tres niveles, en el nivel social, en el económico y en el político y todos ellos afectan a la calidad de la democracia».
Por lo que se refiere al nivel social, se señala que la corrupción urbanística está dando lugar al deterioro del medio ambiente y al sobreprecio de la vivienda, lo que expresa una ruptura del pacto intergeneracional, pues mayor construcción y mayor urbanización no será mejor para las generaciones futuras, quienes se encontrarán con una pérdida de bienestar y calidad de vida con respecto a la generación actual. Señala expresamente este Informe que en el ámbito urbanístico «Las decisiones tomadas supuestamente para el beneficio público están en realidad motivadas por un deseo de obtener ingresos privados y resultan en políticas y proyectos que empobrecen antes que enriquecen al país, que se toman en una posición de monopolio y sin mecanismos que permitan exigir responsabilidad por lo realizado.» «El panorama no puede presentarse como más desalentador: la corrupción incrementa la desconfianza y destruye el capital social.»